Cargas policiales desproporcionadas y en las que ciudadanos de a pie se ven atrapados, confundidos con miembros de una manifestación “okupa” ilegal celebrada en Barcelona el pasado 19 de mayo y a los que no se deja escapar del cordón policial, tal como afirma el diario El País en una noticia publicada recientemente. Allí, un policía es derribado  con el tabique nasal roto por el puñetazo de un manifestante. En un vídeo del telenotícies de TV3 se observa con claridad como el agente, tendido en el suelo, porta una controvertida arma punzante denominada “kubotan”.

Supuestos abusos y malos tratos a detenidos en dependencias policiales, como los acontecidos en la comisaría de los Mossos d’Esquadra del distrito barcelonés de Les Corts, por los cuales cinco agentes han sido suspendidos de empleo y sueldo.

Muerte de un agricultor en una comisaría de Roquetas (Almería) por la cual han sido condenados tres agentes de la Guardia Civil. El “Lichis”, cantante del grupo musical La Cabra Mecànica, presuntamente vejado y golpeado por varios guardias urbanos del municipio de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Los casos se suceden.

La opinión pública comienza a hacerse eco de ciertas informaciones filtradas que pueden dejar en entredicho la labor de algunos grupos de individuos aislados pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los abusos policiales; al menos, los efectuados a pie de calle, tienden a perder la impunidad con la que se venían realizando. Esto ocurre no sólo por la presencia de periodistas en las manifestaciones o convocatorias, sino porque los propios ciudadanos, con sus cámaras digitales o sus móviles, o los propios departamentos policiales de Asuntos Internos, con cámaras ocultas, se convierten en reporteros, esto es, testigos impertinentes de los hechos. Gracias al auge y al alcance de Internet, las imágenes y vídeos de abusos policiales están al abasto de cualquiera que disponga de una conexión a la Red y acceda a Youtube.

 Ha pasado mucho tiempo desde que la tortura y el abuso policial en España eran prácticas frecuentes en las calles y comisarías de la Dictadura. Prácticas alimentadas por un régimen autoritario, el franquista, el cual alentaba y fomentaba el respeto hacia una única e indiscutible autoridad a través del uso de la fuerza y las armas. Por aquel entonces era normal  que los denominados “grises”, los policías armados de a pie, fueran utilizados por el régimen franquista como su brazo represivo contra cualquier tipo de subversión

De entre los deleznables episodios protagonizados por “los grises”, cuerpo policial caracterizado por sofocar a balazos pequeñas revueltas de asalariados o jóvenes universitarios, aconteció una desgraciada y polémica acción destacable, ya en época de transición, la cual se cobró varios muertos y centenares de heridos.

El 3 de marzo de 1976 “los grises", rodearon, acosaron, gasearon y asaltaron la parroquia católica de San Francisco en Gasteiz, donde varios miles de personas asalariadas en huelga iban a comenzar una asamblea. Después dispararon con fuego real - fusilaron- a la gente que salía medio asfixiada de la iglesia. Existe en Internet un documento de extraordinario valor histórico, pues muestra cuáles fueron las directrices seguidas por la policía para intervenir en la iglesia y esclarece los polémicos criterios sobre los que se asentó aquella indiscriminada y excesiva acción. El vídeo, el cual proyecta imágenes de recurso y cuyo valor reside en el audio, es una recopilación de las conversaciones de radio efectuadas por la policía con motivo del asalto a la iglesia, que en el cruce de mensajes radiofónicos calificaba como “la mayor paliza de la historia” o en el que pueden oírse órdenes tales como “gaseen la iglesia”:

Con el advenimiento de la democracia, la creencia popular ha cambiado, y la imagen de unas Fuerzas de Seguridad del Estado represoras y al servicio del régimen autoritario ha derivado en “una percepción de la autoridad como una entidad cercana y con vocación de servicio público”, según afirma el sociólogo Eduardo V. Raldúa Martín en un estudio sobre la percepción e imagen pública de las Fuerzas de Seguridad españolas. El ciudadano de a pie, por tanto,  identifica al policía como una figura destinada a la protección y seguridad.

No obstante, y debido al gran flujo de información existente en la actualidad, al cual tienen acceso la mayoría de ciudadanos, algunos condenables actos abusivos no siempre quedan impunes. Episodios que no mucho tiempo atrás podrían haber quedado confinados entre las cuatro paredes de un cuartel o, en casos muy excepcionales, aparecer puntualmente en televisión, están disponibles hoy en plataformas online de gran difusión como Youtube. El espectador de Internet accede a todos los documentos gráficos disponibles y a una gran variedad de contenidos similares o relacionados, que puede visionar a su antojo, compartir, comentar, contrastar, etc.

 Entre este tipo de documentos, hay uno que podríamos definir como crudo y esclarecedor en este sentido. Es un vídeo de cámara oculta colocada por Asuntos Internos, grabado el 31 de marzo de 2007 a primera hora de la mañana en la comisaría de los Mossos d’Esquadra sita en el barcelonés distrito de Les Corts y que no parece dejar lugar para la duda. Es un abuso en toda regla.

En las imágenes se ve como Rubén Pérez, detenido a la salida de una discoteca, es introducido en el cuarto por cuatro agentes, esposado con las manos a la espalda. Le ponen cara a la pared y le quitan las esposas, para después indicarle que se gire. El vídeo no tiene sonido.

Rubén se quita la chaqueta. Sobre este punto hay discrepancias entre lo declarado en su día por el denunciante y los agentes. Éstos dicen que se la quitó bruscamente y la lanzó al suelo de forma amenazante, mientras que el hombre asegura que le pidieron que se la quitara y que la dejó caer porque no había donde dejarla. El caso es que acto seguido se inician unos segundos violentos. Rubén mueve las manos y los agentes se lanzan sobre él, entre ellos uno que se abalanza desde atrás

Puede apreciarse en el vídeo como el hombre cae al suelo y recibe varias patadas y por lo menos dos puñetazos. Una mesa tapa el cuerpo de Rubén, caído, pero se puede ver como los agentes le quitan el calzado y registran su cazadora. Uno de ellos lleva en la mano un casco que después le colocan en la cabeza. También le despojan del cinturón y es nuevamente esposado de manos y pies. Por último, los agentes levantan del suelo a Rubén y se lo llevan en volandas, quedando sólo en el cuarto parte de sus pertenencias.

Instamos al lector a que visione el vídeo y juzgue por sí mismo:   

Barcelona, 19 de mayo de 2007, aproximadamente una millar de personas se manifestaban a favor del colectivo “okupa” y en contra de la especulación inmobiliaria. Se trataba de una concentración no comunicada a las autoridades. El caso es que los Mossos d'Esquadra utilizaron punzones para controlar a los manifestantes y los enfrentamientos provocaron heridos en los dos bandos.

 Los “okupas”, que se manifiestaban en contra de la especulación y en defensa de las casas ocupadas, denunciaron posteriormente que los mossos les habían rodeado, intimidado e incluso "atacado" y que cuando querían disolver la manifestación "el desmesurado dispositivo policial impedía que ninguna persona la abandonase".

Los manifestantes, convocados por la Asamblea de “Okupas” de Barcelona, denunciaron también que “las fuerzas policiales habían usado armas blancas como herramienta represora en la manifestación” y aseguraron que al menos hubo tres personas heridas por la “desmesurada y brutal acción policial”.

  Días después de la manifestación, un portavoz de la Policía autonómica explicaba a Europa Press que el punzón denominado “kubotan” “es un arma de defensa reglamentaria” que utilizan algunos agentes tras “un curso de especialización para usarla correctamente” y aseguraba que es tan legal “como una pistola”.

 En cuanto a la agresión a un policía, al que un “okupa” le rompió la nariz, los convocantes destacaron que “el Mosso d'Esquadra que ha sido herido llevaba en la mano un punzón, como se puede apreciar en las imágenes” difundidas en varios medios. Lo curioso del caso es que los medios de comunicación, que tradicionalmente se posicionan en contra de los colectivos antisistema, ven en el uso de los punzones una acción desproporcionada, que denuncian por unanimidad: 

Cabe indagar entonces sobre qué está ocurriendo con nuestras Fuerzas de Seguridad, cuerpos armados que legitimados por el sistema democrático, deberían caracterizarse tan sólo por proteger a los ciudadanos decentes y no protagonizar este tipo de episodios que enturbian su labor. ¿Se ha otorgado demasiada autoridad a las fuerzas del orden? ¿Deberían revisarse algunos protocolos de actuación policial o controlarse de una manera más exhaustiva?

No debe obviarse que la actuación policial es muchas veces determinante para mantener un orden público estable y proporciona un gran servicio al ciudadano. No obstante, es posible que estos episodios abran el debate sobre el endurecimiento de las penas por abuso de autoridad. Y no sólo como una demanda lícita en el sistema en que vivimos, sino debido a que el fraude a la credibilidad pública que se otorga a estos profesionales y la autoridad que se les confiere al jurar la Constitución y por extensión, proteger al ciudadano, debería ser motivo de dura sanción cuando incumplen con los requerimientos de una tarea, la de policía, que exige tanta responsabilidad, firmeza y autocontrol.

Por último, destacar que en el momento de la publicación de esta información, aún se espera la respuesta de la Dirección General de la Policía de la Generalitat para participar en este reportaje y aportar testimonios o pruebas del buen hacer del cuerpo o que sirvan para defender su labor. Esta respuesta, según portavoces de la policía, iba a darse al poco tiempo de haber contactado telefónicamente con el autor de este reportaje y después de haber enviado éste varios correos electrónicos. No ha sido así, como ya indicamos, y a día de hoy, han surgido nuevos casos de presunto maltrato en comisarías y los Mossos d’Esquadra se han manifestado para pedir la dimisión del conseller Joan Saura, al que acusan de “criminalizar” al cuerpo habiendo difundido las imágenes de maltratos en comisarías y haberlas denunciado ante el ministerio fiscal.